Desde este 1° de enero entró en vigor el anexo 3 del Decreto Supremo N° 430-2020-EF que establece que las empresas del sistema financiero deben suministrar información a la SUNAT para el combate de la evasión y elusión tributaria. ¿Qué significa? ¿Cómo afecta al ciudadano promedio?
La norma establece que las entidades bancarias, cajas y cooperativas, entre otros, deberán suministrar información mensual a la SUNAT sobre los movimientos (ingresos y egresos) de dinero en cuentas de ahorros que tengan un saldo mayor o igual a S/10.000. La medida alcanza a toda persona natural o jurídica y contempla además información como el tipo de cuenta, transacciones mensuales, número de cuenta, código interbancario y datos personales de su propietario.
¿Qué se busca con esta medida?
Cabe mencionar que este Decreto Supremo fue emitido durante el gobierno del ex presidente Martín Vizcarra y busca combatir la evasión tributaria. Según se ha indicado, la información que recopilará la SUNAT permitirá identificar el origen de dinero en poder de personas naturales y empresas, de manera que se pueda detectar casos de evasión tributaria.
¿Cómo afecta al ciudadano promedio?
Todo tipo de actividad económica en nuestro país está sujeta a un régimen tributario. Ya sea que trabajes en una empresa y estés en planilla, o tengas una bodega, alquiles un inmueble, o tengas una microempresa, existen impuestos que debes pagar. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas actividades hoy se realizan de manera informal y no pagan impuestos. La SUNAT busca conocer la justificación del movimiento de dinero en las cuentas de las personas y empresas, a fin de detectar informalidad y evasión de impuestos.
+ Datos:
– Medida se aplica para cuentas con S/10.000 o su equivalente en dólares.
– Se estima que se fiscalizarán más de 2.5 millones de cuentas.
– La norma no aplica a operaciones anteriores al 01 de enero de 2021.
– El reporte suma todas las cuentas de una persona natural o jurídica en un mismo banco.
¿Es positivo?
La norma ha causado mucho revuelo. Existen quienes están a favor, dado que su implementación podría ayudar a la formalización; mientras que sus detractores afirman que viola el secreto bancario y que promueve la informalidad, menoscabando la bancarización de diversos sectores de la población.
